| Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia
Sancionada:
Octubre 24 de 2001.
Promulgada
de Hecho: Noviembre 19 de 2001.
Publicada:
Noviembre 22 de 2001
El
Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO
1° — Incorpóranse al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los
siguientes artículos:
Artículo
38 bis. Los prosecretarios administrativos o jefes de despacho o quien desempeñe
cargo equivalente tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras
disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone:
1)
Firmar las providencias simples que dispongan:
a)
Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios,
tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general,
documentos o actuaciones similares.
b)
Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás
funcionarios que intervengan como parte.
2)
Devolver los escritos presentados sin copia. Artículo 38 ter. Dentro del plazo de tres
días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el
secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho. Este pedido se
resolverá sin substanciación. La resolución será inapelable.
Artículo
680 ter. Reconocimiento Judicial. Cuando el desalojo se fundare en las causales
de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el
juez deberá realizar antes del traslado de la demanda un reconocimiento judicial dentro
de los cinco días de dictada la primera providencia, con asistencia del Defensor Oficial.
Igual previsión deberá tomarse cuando se diera la causal prevista en los artículos 680
bis y 684 bis.
Artículo
684 bis. Desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato. Desocupación
inmediata.
En
los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago o
vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la
desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 680 bis.
Para
el supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos
que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata
ejecución de la caución se le impondrá una multa de hasta $ 20.000 en favor de la
contraparte.
ARTICULO
2° — Sustitúyense los artículos 5°, 6°, 12, 14, 34, 35, 36, 38, 45, 79, 80, 81,
83, 84, 96, 118, 125, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 148, 149, 150, 166, 167, 310, 319, 321, 322, 324, 326, 328, 333, 334, 336, 343, 346,
356, 359, 360, 365, 367, 380, 398, 404, 415, 431, 459, 460, 465, 481, 482, 484, 498, del
Código citado por los siguientes:
Artículo
5°. Reglas Generales. La competencia se determinará por la naturaleza de las
pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con
excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio
de las reglas especiales contenidas en este Código y en otras leyes, será juez
competente:
1)
Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté
situada lo cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes
jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus
partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal
circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección
del actor.
La
misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y
límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y
deslinde y división de condominio.
2)
Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se
encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare
sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados
estos últimos.
3)
Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación
expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y,
en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del
contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el
momento de la notificación.
El
que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el
de su última residencia.
4)
En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o
el del domicilio del demandado, a elección del actor.
5) En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.
6)
En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse,
y no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o
el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes.
En
la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviese
especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del
domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.
7)
En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en
contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección,
inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del
deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla.
8)
En las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio así
como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal
efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor. Si uno
de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada
ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiere
celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio
conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.
En
los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados
de los supuestos previstos en el artículo 152 bis del Código Civil, el del domicilio del
presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de
rehabilitación, el que declaró la interdicción.
9)
En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el
del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.
10)
En la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión.
11) En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social.
12)
En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven,
salvo en el proceso sucesorio o disposición en contrario.
13) Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el del lugar de la unidad funcional de que se trate.
Artículo
6°. Reglas especiales. A falta de otras disposiciones será tribunal
competente:
1)
En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción,
cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución
de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y
acciones accesorias en general, el del proceso principal.
2)
En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del
juicio de divorcio o nulidad de matrimonio.
3)
En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y
litisexpensas, el del juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de
matrimonio, mientras durare la tramitación de estos últimos. Si aquéllos se hubiesen
iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juzgado donde quedare radicado el
juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio.
No existiendo juicio de divorcio, de separación personal o de nulidad de matrimonio en trámite, y no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia. Mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el juzgado donde se sustancia aquél.
4)
En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.
5)
En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que
aquél se hará valer.
6)
En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en
éste.
7)
En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el artículo 208, el
que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del artículo 196, aquél cuya
competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada.
Artículo
12. Substanciación. Las cuestiones de competencia se sustanciarán por vía de
incidente. No suspende el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el juez que
previno, salvo que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio.
Artículo
14. Recusación sin expresión de causa.
Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa.
El
actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación;
el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer
excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer
acto procesal.
Si
el demandado no cumpliere esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que le
confiere este artículo.
También
podrá ser recusado sin expresión de causa un juez de las cámaras de apelaciones, al
día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte.
No
procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo, en las
tercerías, en el juicio de desalojo y en los procesos de ejecución.
Artículo
34. Deberes. Son deberes de los jueces:
1)
Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que este
Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviere autorizada.
En
los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, en la providencia
que ordena el traslado de la demanda, se fijará una audiencia en la que deberán
comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público, en su
caso. En ella el juez tratará de reconciliar a las partes y de avenirlas sobre cuestiones
relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar
conyugal.
2)
Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado,
salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
3) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
a)
Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las
partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36, inciso 1)
e inmediatamente, si debieran ser dictadas en
una audiencia o revistieran carácter urgente.
b)
Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en
contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se
trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.
c)
Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de
los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.
El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para
sentencia, dictado en el plazo de las providencias simples, quede firme; en el segundo,
desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo de quince
días de quedar en estado.
d)
Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte o treinta días
de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal
colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo el plazo será de 10 y 15 días,
respectivamente.
En
todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que
requiera su cumplimiento.
4) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.
5)
Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en
este Código:
a)
Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea
menester realizar.
b)
Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que
adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda
diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades.
c)
Mantener la igualdad de las partes en el proceso.
d)
Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.
e)
Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.
6) Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.
Artículo
35. Potestades disciplinarias. Para mantener el buen orden y decoro en los juicios,
los jueces y tribunales deberán:
1) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado solicite que no se lo haga.
2) Excluir
de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
3)
Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código, la ley orgánica, el
Reglamento para la Justicia Nacional, o las normas que dicte el Consejo de la
Magistratura. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en
este Código, se aplicará al que le fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán
promover la ejecución de multas, esa atribución corresponde a los representantes del
Ministerio Público Fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución
dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en
el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.
Artículo
36. Deberes y Facultades ordenatorias e instructorias.
Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán:
1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
2)
Intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo
proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de
resolución de conflictos.
En
cualquier momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar
una conciliación.
3)
Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas
surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los casos la mera
proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.
4)
Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,
respetando el derecho de defensa de las partes.
A
ese efecto, podrán:
a)
Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las
explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito;
b)
Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que
dispone el artículo 452, peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo
que creyeren necesario;
c)
Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos
existentes en poder de las partes o de terceros, en los términos de los artículos 387 a
389.
5)
Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a
fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el Asesor de Menores,
efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz,
sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto.
6)
Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 166, inciso 1 ) y 2), errores
materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca
de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o
agregado no altere lo sustancial de la decisión.
Artículo
38. Deberes. Los
secretarios tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras
disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone:
1)
Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de
oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan
a los letrados respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios
sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.
Las
comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, ministros y secretarios del Poder
Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmadas por el juez.
2)
Extender certificados, testimonios y copias de actas.
3)
Conferir vistas y traslados.
4)
Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al prosecretario administrativo o
jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo
dispuesto en el artículo 34, inciso 3) a). En la etapa probatoria firmará todas las
providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de
la prueba.
5)
Dirigir en forma personal las audiencias testimoniales que tomare por delegación del
juez.
6)
Devolver los escritos presentados fuera de plazo.
Artículo
45. Temeridad o malicia. Cuando
se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las
partes, el juez le impondrá a ella o a su letrado o a ambos conjuntamente, una multa
valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto del objeto de la sentencia. En
los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación
pecuniaria, el importe no podrá superar la suma de $ 50.000. El importe de la multa será
a favor de la otra parte. Si el pedido de sanción fuera promovido por una de las partes,
se decidirá previo traslado a la contraria.
Sin
perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, el juez deberá
ponderar la deducción de pretensiones, defensas, excepciones o interposición de recursos
que resulten inadmisibles, o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con
una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o
que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso.
Artículo
79. Requisitos de la solicitud.
La solicitud contendrá:
1)
La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender
judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación
del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir.
2)
El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recurso.
Deberá acompañarse el interrogatorio de los testigos y su declaración en los términos
de los artículos 440 primera parte, 441 y 443, firmada por ellos.
En
la oportunidad prevista en el artículo 80 el litigante contrario o quien haya de serlo, y
el organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia, podrán solicitar la
citación de los testigos para corroborar su declaración.
Artículo
80. Prueba. El juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la
prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o a quien
haya de serlo, y al organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia,
quienes podrán fiscalizarla y ofrecer otras pruebas.
Artículo
81. Traslado y Resolución. Producida la prueba se dará traslado por cinco días
comunes al peticionario, a la otra parte, y al organismo de determinación y recaudación
de la tasa de justicia. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez
resolverá acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo.
En
el primer caso la resolución será apelable al solo efecto devolutivo.
Si
se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del
beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa que se fijará en
el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar, no pudiendo ser
esta suma inferior a la cantidad de PESOS UN MIL ($ 1.000). El importe de la multa se
destinará a la Biblioteca de las cárceles.
Artículo
83. Beneficio provisional. Efectos del pedido. Hasta que se dicte resolución la
solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y
sellado de actuación.
Estos serán satisfechos, así como las costas, en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que así se solicite al momento de su interposición.
Artículo
84. Alcance. Cesación. El que obtuviere el beneficio estará exento, total o
parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si
venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia
máxima de la tercera parte de los valores que reciba.
Los
profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a
su cliente, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.
El
beneficio podrá ser promovido hasta la audiencia preliminar o la declaración de puro
derecho, salvo que se aleguen y acrediten circunstancias sobrevinientes.
En
todos los casos la concesión del beneficio tendrá efectos retroactivos a la fecha de
promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos.
Artículo
96. Recursos. Alcance de la sentencia.
Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la
deniegue será apelable en efecto devolutivo.
En
todos los supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación, en su
caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales.
También
será ejecutable la resolución contra el tercero, salvo que, en oportunidad de formular
el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado
fundadamente, la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate
y decisión en el juicio.
Artículo
118. Redacción.
Para la redacción y presentación de los escritos, regirán las normas del Reglamento
para la Justicia Nacional.
Artículo
125. Reglas Generales.
Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas:
1)
Serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio,
que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad, afecte la
moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad. La resolución, que
será fundada, se hará constar en el acta. Desaparecida la causa de la clausura, se
deberá permitir el acceso al público.
2)
Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales
que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. Toda vez que
proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su
reanudación.
3)
Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera
de las partes que concurra.
4)
Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta
minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro de
asistencia.
5)
El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo
expresado por las partes.
El
acta será firmada por el secretario y las partes, salvo, cuando alguna de ellas no
hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa circunstancia. El
juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia.
6)
Las audiencias de prueba serán documentadas por el Tribunal. Si éste así lo decidiere,
la documentación se efectuará por medio de fonograbación. Esta se realizará en doble
ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la
sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para su
consulta. Las partes que aporten su propio material tendrán derecho a constancias
similares en la forma y condiciones de seguridad que establezca el tribunal de
superintendencia. Estas constancias carecerán de fuerza probatoria. Los tribunales de
alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos
sometidos a su decisión podrán requerir la transcripción y presentación de la
fonograbación, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de
prueba de que se trate o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común.
7)
En las condiciones establecidas en el inciso anterior, el tribunal podrá decidir la
documentación de las audiencias de prueba por cualquier otro medio técnico.
Artículo
133. Principio General. Salvo
los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las
instancias los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación
tendrá lugar el siguiente día de nota. No se considerará cumplida tal notificación:
1)
Si el expediente no se encontrare en el tribunal.
2) Si hallándose en él, no se exhibiere a quien lo solicita y se hiciera constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el artículo siguiente, que deberá llevarse a ese efecto. Incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.
Artículo
134. Notificación tácita. El
retiro del expediente, conforme al artículo 127, importará la notificación de todas las
resoluciones.
El
retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado, o su letrado o persona
autorizada en el expediente, implica notificación personal del traslado que respecto del
contenido de aquellos se hubiere conferido.
Artículo
135. Notificación personal o por cédula.
Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:
1) La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones.
2)
La que dispone correr traslado de las excepciones y la que las resuelva.
3)
La que ordena la apertura a prueba y designa audiencia preliminar conforme al artículo
360.
4)
La que declare la cuestión de puro derecho, salvo que ello ocurra en la audiencia
preliminar.
5)
Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta.
6)
Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley,
hacen saber medidas cautelares o su modificación o levantamiento, o disponen la
reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado, o aplican correcciones
disciplinarias.
7)
La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido
notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos
suspendidos por tiempo indeterminado.
8)
La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de
los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses.
9)
Las que disponen vista de liquidaciones.
10)
La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería.
11)
La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.
12)
Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad
que la ley señala para su cumplimiento.
13)
Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales y sus aclaratorias
con excepción de las que resuelvan caducidad de la prueba por negligencia.
14)
La providencia que deniega los recursos extraordinarios.
15)
La providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación,
excusación o admisión de la excepción de incompetencia.
16)
La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia.
17)
La que dispone el traslado de la prescripción en los supuestos del artículo 346,
párrafos segundo y tercero.
18)
Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o determine el Tribunal
excepcionalmente, por resolución fundada.
No
se notificarán mediante cédula las decisiones dictadas en la audiencia preliminar a
quienes se hallaren presentes o debieron encontrarse en ella.
Los
funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en
su despacho.
Deberán
devolverlo dentro del tercer día, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que
hubiere lugar.
No
son aplicables las disposiciones contenidas en el párrafo precedente al Procurador
General de la Nación, al Defensor General de la Nación, a los Procuradores Fiscales de
la Corte Suprema, a los Procuradores Fiscales de Cámara, y a los Defensores Generales de
Cámara, quienes serán notificados personalmente en su despacho.
Artículo
136. Medios de notificación. En los casos en que este Código u otras leyes
establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los
siguientes medios:
1)
Acta notarial.
2)
Telegrama con copia certificada y aviso de entrega.
3)
Carta documento con aviso de entrega.
La
notificación de los traslados de demanda, reconvención, citación de personas extrañas
al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de
copias, se efectuarán únicamente por cédula o acta notarial, sin perjuicio de la
facultad reglamentaria concedida a la Corte Suprema de Justicia.
Se
tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en la carta
documento o telegrama.
La
elección del medio de notificación se realizará por los letrados, sin necesidad de
manifestación alguna en las actuaciones.
Los
gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas.
Ante
el fracaso de una diligencia de notificación no será necesaria la reiteración de la
solicitud del libramiento de una nueva, la que incluso podrá ser intentada por otra vía.
Artículo
137. Contenido y firma de la cédula.
La cédula y los demás medios previstos en el artículo precedente contendrán:
1)
Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio,
con indicación del carácter de éste.
2)
Juicio en que se practica.
3)
Juzgado y secretaría en que tramita el juicio.
4)
Transcripción de la parte pertinente de la resolución.
5)
Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta. En caso de
acompañarse copias de escritos o documentos, la pieza deberá contener detalle preciso de
aquéllas.
El
documento mediante el cual se notifique será suscripto por el letrado patrocinante de la
parte que tenga interés en la notificación o por el síndico, tutor o curador ad litem
notario, secretario o prosecretario en su caso, quienes deberán aclarar su firma con el
sello correspondiente.
La
presentación del documento a que se refiere esta norma en la Secretaría del Tribunal,
oficina de Correos o el requerimiento al notario, importará la notificación de la parte
patrocinada o representada.
Deberán
estar firmados por el secretario o prosecretario los instrumentos que notifiquen medidas
cautelares o entrega de bienes y aquellos en que no intervenga letrado, síndico, tutor o
curador ad litem, salvo notificación notarial.
El
juez puede ordenar que el secretario suscriba los instrumentos de notificación cuando
fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.
Artículo
138. Diligenciamiento.n Las cédulas se enviarán directamente a la oficina de
notificaciones, dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas
en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.
La
demora en la agregación de las cédulas se considerará falta grave del prosecretario
administrativo. Cuando la diligencia deba cumplirse fuera de la ciudad asiento del
tribunal, una vez selladas, se devolverán en el acto y previa constancia en el
expediente, al letrado o apoderado.
Artículo
139. Copias de contenido reservado. En los juicios relativos al estado y capacidad de
las personas, cuando deba practicarse la notificación por cédula, las copias de los
escritos de demanda, reconvención y contestación de ambas, así como las de otros
escritos cuyo contenido pudiere afectar el decoro de quien ha de recibirlas, serán
entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los
documentos agregados a dichos escritos.
El
sobre será cerrado por personal de la oficina, con constancia de su contenido, el que
deberá ajustarse, en cuanto al detalle preciso de copias, de escritos o documentos
acompañados, a lo dispuesto en el artículo 137.
Artículo
140. Entrega de la cédula o acta notarial al interesado.
Si la notificación se hiciere por cédula o acta notarial, el funcionario o empleado
encargado de practicarla dejará al interesado copia del instrumento haciendo constar, con
su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota
de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el
interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará
constancia.
Artículo
141. Entrega del instrumento a personas distintas. Cuando
el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el
instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del
edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere
entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.
Artículo
142. Forma de la notificación personal.
La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie
de la diligencia extendida por el prosecretario administrativo o jefe de despacho.
Artículo 143. Notificación por examen del expediente. En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 135.
Si
no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el prosecretario administrativo o
jefe de despacho, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como
notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y
la del secretario.
Artículo
144. Régimen de la notificación por telegrama o carta documentada. Cuando se
notifique mediante telegrama o carta documento certificada con aviso de recepción, la
fecha de notificación será la de la constancia de la entrega al destinatario.
Quien
suscriba la notificación deberá agregar a las actuaciones copia de la pieza impuesta y
la constancia de entrega.
Artículo
145. Notificación por edictos. Además
de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando
se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la
parte deberá manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las gestiones
tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare
falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo
empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad,
y será condenada a pagar una multa de PESOS CINCUENTA ($ 50) a PESOS QUINCE MIL ($
15.000).
Artículo
146. Publicación de los edictos.
En los supuestos previstos por el artículo anterior la publicación de los edictos se
hará en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del
último domicilio del citado, si fuera conocido o, en su defecto, del lugar del juicio, y
se acreditará mediante la agregación al expediente de un ejemplar de aquéllos. A falta
de diario en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la
localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará, además, en la tablilla
del juzgado y en los sitios que aseguraren su mayor difusión.
Salvo en el proceso sucesorio, cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio, se prescindirá de los edictos; la notificación se practicará en la tablilla del juzgado.
Artículo
148. Notificaciones por radiodifusión o televisión.
En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, a pedido del
interesado, el juez podrá ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión o
televisión.
Las
transmisiones se harán en el modo y por el medio que determine la reglamentación de la
superintendencia.
La
diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa
radiodifusora o de televisión, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser
el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se
tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica o
televisiva.
Respecto
de los gastos que irrogare esta forma de notificación, regirá lo dispuesto en el
anteúltimo párrafo del artículo 136.
Artículo
149. Nulidad de la notificación.
Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los
artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado
cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.
Cuando del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la
notificación surtirá sus efectos desde entonces.
El
pedido de nulidad tramitará por incidente, aplicándose la norma de los artículos 172 y
173. El funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación declarada nula,
incurrirá en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable.
Artículo 150. Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de cinco días. Todo traslado se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite.
La
falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la
contraria.
Artículo
166. Actuación del juez posterior a la sentencia.
Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del
juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Le
corresponderá sin embargo:
1)
Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el
artículo 36, inciso 6). Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aun
durante el trámite de ejecución de sentencia.
2)
Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin
substanciación, cualquier error material;
aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir
cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y
discutidas en el litigio.
3)
Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.
4)
Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.
5)
Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.
6)
Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciarlos, en su caso, decidir
los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 246.
7)
Ejecutar oportunamente la sentencia.
Artículo
167. Demora en pronunciar las resoluciones.
Será de aplicación lo siguiente:
1)
La reiteración en la demora en pronunciar las providencias simples interlocutorias y
homologatorias, será considerada falta grave y se tomará en consideración como elemento
de juicio importante en la calificación de los magistrados y funcionarios responsables
respecto de su idoneidad en el desempeño de sus funciones.
2)
Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo establecido en el
artículo 34 u otra disposición legal, el juez o tribunal deberá hacerlo saber a la
cámara de apelaciones que corresponda o, en su caso, a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, con anticipación de diez días al del vencimiento de aquél si se tratare de
juicio ordinario, y de cinco días en los demás casos, expresando las razones que
determinan la imposibilidad.
Si
considerare atendible la causa invocada, el superior señalará el plazo en que la
sentencia debe pronunciarse, por el mismo juez o tribunal, o por otro del mismo fuero
cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren.
Al
juez que no hubiere remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer
párrafo del presente inciso, o que habiéndolo hecho sin causa justificada no pronunciare
la sentencia dentro del plazo que se le hubiera fijado, se le impondrá una multa que no
podrá exceder del quince por ciento de su remuneración básica y la causa podrá ser
remitida, para sentencia, a otro juez del mismo fuero.
Si
la demora injustificada fuera de una cámara, la Corte impondrá una multa al integrante
que hubiere incurrido en ella, quien podrá ser separado del conocimiento de la causa,
integrándose el tribunal en la forma que correspondiere.
Si
se produjere una vacancia prolongada, la cámara dispondrá la distribución de
expedientes que estimare pertinente.
Artículo
310. Plazos. Se producirá la caducidad de instancia cuando no se instare su curso
dentro de los siguientes plazos:
1)
De seis meses, en primera o única instancia.
2)
De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el
juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los
incidentes.
3)
En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4)
De un mes, en el incidente de caducidad de instancia.
La
instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la
resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia.
Artículo
319. Principio general. Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una
tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código
autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable.
Cuando
leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio
tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario.
Cuando
la controversia versare sobre los derechos que
no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no
correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso especial, el juez determinará el tipo de
proceso aplicable.
En
estos casos así como en todos aquellos en que este Código autoriza al juez a fijar la
clase de juicio, la resolución será irrecurrible.
Artículo
321. Proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo
498:
1)
A los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de
Pesos cinco mil ($ 5000).
2)
Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta
algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución
Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del
perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su
naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código
u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía acelerada de protección.
3)
En los demás casos previstos por este Código u otras leyes.
Si
de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite de
juicio sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde.
Artículo
322. Acción meramente declarativa.
Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para
hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una
relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o
lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término
inmediatamente.
El
Juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite
pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba
ofrecida.
Artículo
324. Trámite de la declaración jurada.
En el caso del inciso 1) del artículo anterior, la providencia se notificará por cédula
o acta notarial, con entrega del interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro del
plazo, se tendrán por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de
la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio.
Artículo
326. Prueba anticipada. Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento
y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera
resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba, podrán solicitar que se
produzcan anticipadamente las siguientes:
1)
Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o
próximo a ausentarse del país.
2)
Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de
documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.
3) Pedido de informes.
4)
La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la
pretensión, conforme lo dispuesto por el artículo 325.
La
absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado.
Artículo
328. Producción de prueba anticipada después de trabada la litis.
Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar por
las razones de urgencia indicadas en el artículo 326, salvo la atribución conferida al
juez por el artículo 36, inciso 4).
Artículo
333. Agregación de la prueba documental y ofrecimiento de la confesional.
Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba
documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intentaren valerse.
Cuando
la prueba documental no estuviere a su disposición, la parte interesada deberá
individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en
cuyo poder se encuentra.
Si
se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una
vez interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a entidades privadas, sin
necesidad de previa petición judicial, y mediante oficio en el que se transcribirá este
artículo, el envío de la pertinente documentación o de su copia auténtica, la que
deberá ser remitida directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio.
Si
se ofreciera prueba testimonial se indicará qué extremos quieren probarse con la
declaración de cada testigo. Tratándose de prueba pericial la parte interesada
propondrá los puntos de pericia.
Artículo
334. Hechos no invocados en la demanda o contrademanda.
Cuando en el responde de la demanda o de la reconvención se alegaren hechos no invocados
en la demanda o contrademanda, los demandantes o reconvinientes según el caso podrán
ofrecer prueba y agregar la documental referente a esos hechos, dentro de los 5 días de
notificada la providencia respectiva. En tales casos se dará traslado de los documentos a
la otra parte, quien deberá cumplir la carga que prevé el art. 356 inc. 1). Artículo
336. Demanda y contestación conjuntas.
El
demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al juez la demanda y
contestación en la forma prevista en los artículos 330 y 356, ofreciendo la prueba en el
mismo escrito.
El
juez, sin otro trámite, dictará la providencia de autos si la causa fuere de puro
derecho. Si hubiese hechos controvertidos, recibirá la causa a prueba y fijará la
audiencia preliminar prevista en el artículo 360.
Artículo
343. Demandado incierto o con domicilio o residencia ignorados.
La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignorare se hará por
edictos publicados por dos días en la forma prescrita por los artículos 145, 146, 147 y
148.
Si vencido el plazo de los edictos o del anuncio por radiodifusión o televisión no compareciere el citado, se nombrará al Defensor Oficial para que lo represente en el juicio. El Defensor deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la sentencia.
Artículo
346. Forma de deducirlas. Plazo y Efectos.
Las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como
de previo y especial pronunciamiento en un solo escrito juntamente con la contestación de
demanda o la reconvención.
El
rebelde sólo podrá oponer la prescripción con posterioridad siempre que justifique
haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance superar.
En
los casos en que la obligación de comparecer surgiere con posterioridad al plazo acordado
al demandado o reconvertido para contestar, podrá oponerla en su primera presentación.
Si
se dedujere como excepción, se resolverá como previa si la cuestión fuere de puro
derecho.
La
oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la
reconvención, en su caso, salvo si se tratare de las de falta de personería, defecto
legal o arraigo.
Artículo
356. Contenido y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las
excepciones o defensas de que intente valerse. Deberá, además:
1)
Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la
autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las
cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen.
Su
silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como
reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En
cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.
No
estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el
defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título
universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las
cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de
producida la prueba.
2)
Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa.
3) Observar,
en lo aplicable, los requisitos prescritos en el artículo 330.
Artículo
359. Trámite posterior según la naturaleza de la cuestión.
Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos
para hacerlo, resueltas las excepciones previas, si la cuestión pudiera ser resuelta como
de puro derecho, así se decidirá y firme que se encuentre la providencia, se llamará
autos para sentencia. Si se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no
hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la
causa a prueba procediendo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 360. La audiencia
allí prevista se celebrará también en el proceso sumarísimo.
Artículo
360. Audiencia preliminar. A los fines del artículo precedente el juez citará a las
partes a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se
hallare presente no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el libro
de asistencia. En tal acto:
1)
Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de
conflictos.
2)
Recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo
361 del presente Código, debiendo resolver en el mismo acto.
3)
Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del
juicio sobre los cuales versará la prueba.
4)
Recibirá la prueba confesional si ésta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia
de uno de todos los absolventes, no impedirá la celebración de la audiencia preliminar.
5)
Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará en una
sola audiencia la prueba testimonial, la que se celebrará con presencia del juez en las
condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente podrá delegarse
en el secretario o en su caso, en el prosecretario letrado.
6)
Si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta
como de puro derecho con lo que la causa quedará concluida para definitiva.
Artículo
365. Hechos nuevos. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o
reconvención, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese
relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco días después de
notificada la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código, acompañando la
prueba documental y ofreciendo las demás de las que intenten valerse.
Del
escrito en que se alegue, si lo considerare pertinente, se dará traslado a la otra parte,
quien, dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en
contraposición a los nuevos alegados.
El
juez decidirá en la audiencia del artículo 360 la admisión o el rechazo de los hechos
nuevos.
Artículo
367. Plazo de producción de prueba.
El plazo de producción de prueba será fijado por el juez, y no excederá de cuarenta
días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de
la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código.
Artículo
380. Cuadernos de prueba. En la audiencia del artículo 360 el juez decidirá acerca
de la conveniencia y/o necesidad de formar cuadernos separados de la prueba de cada parte,
la que en su caso se agregará al expediente al vencimiento del plazo probatorio.
Artículo 398. Recaudos. Plazos para la contestación. Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los diez días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. No podrán establecer recaudos que no estuvieran autorizados por ley. Los oficios librados deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación.
El
juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes. La apelación que se dedujera contra la
resolución que impone sanciones conminatorias tramita en expediente separado.
Cuando
se tratare de la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la
Propiedad, los oficios que se libren a Obras Sanitarias de la Nación (e.l.) al ente
prestador de ese servicio y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o Municipio de que se
trate, contendrán el apercibimiento de que, si no fueran contestados dentro del plazo de
diez días, el bien se inscribirá como si estuviese libre de deudas.
Artículo
404. Oportunidad. Las posiciones se formularán bajo juramento o promesa de decir
verdad y deberán versar sobre aspectos concernientes a la cuestión que se ventila.
Artículo
415. Interrogatorio de las partes.
El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y éstas
podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes,
en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declarare superfluas o
improcedentes por su contenido o forma.
Artículo
431. Audiencia. Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandará
recibirla en la audiencia que señalará, en las condiciones previstas en el artículo
360.
Cuando
el número de los testigos ofrecidos por las partes permitiese suponer la imposibilidad de
que todos declaren en el mismo día, deberá habilitarse hora y, si aun así fuere
imposible completar las declaraciones en un solo acto, se señalarán tantas audiencias
como fuesen necesarias en días inmediatos, determinando qué testigos depondrán en cada
una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el artículo 439.
El juzgado fijará una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltasen a las audiencias, con la advertencia de que si faltase a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de hasta PESOS UN MIL ($ 1.000).
Artículo
459. Designación. Puntos de pericia.
Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y
se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la facultad de designar
consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y
domicilio.
La otra parte, al contestar la vista que se le conferirá conforme al artículo 367, podrá formular la manifestación a que se refiere el artículo 478 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba, y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció, si ejerciese la facultad de designar consultor técnico deberá indicar en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio.
Si
se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los
propuestos por la parte que ofreció la prueba, se otorgará traslado a ésta.
Cuando
los litisconsortes no concordaran en la designación del consultor técnico de su parte,
el juzgado desinsaculará a uno de los propuestos.
Artículo
460. Determinación de los puntos de pericia. Plazo. Contestada la vista que
correspondiera según el artículo anterior o vencido el plazo para hacerlo, en la
audiencia prevista en el artículo 360 el juez designará el perito y fijará los puntos
de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o
superfluos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido.
Si la resolución no fijase dicho plazo se entenderá que es de quince días.
Artículo
465. Recusación. El perito podrá ser recusado por justa causa, dentro del quinto
día de la audiencia preliminar.
Artículo
481. Alternativa. Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, deberá
procederse con arreglo a lo establecido en el artículo 359, en lo pertinente.
Artículo 482. Agregación de las pruebas. Alegatos. Producida la prueba, el prosecretario administrativo, sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si se hiciera, ordenará que se agregue al expediente.
Cumplido
este trámite el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para
alegar; esta providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el
expediente a los letrados por su orden y por el plazo de seis días a cada uno, sin
necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo
creyesen conveniente el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará
como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.
Transcurrido
el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el
derecho de alegar sin que se requiera intimación.
El
plazo para presentar el alegato es común.
Artículo
484. Efectos del llamamiento de autos.
Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse
más escritos ni producirse más prueba, salvo las que el juez dispusiese en los términos
del artículo 36, inciso 4). Estas deberán ser ordenadas en un solo acto.
Artículo
498. Trámite. En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la
demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida,
resolverá de oficio y como primera providencia si correspondiese que la controversia se
sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiese, el trámite se ajustará a lo
establecido para el proceso ordinario, con estas modificaciones:
1)
Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental.
2)
No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni reconvención.
3)
Todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de demanda, y
el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado memorial, que será de cinco
días.
4)
Contestada la demanda se procederá conforme al artículo 359. La audiencia prevista en el
artículo 360 deberá ser señalada dentro de los diez días de contestada la demanda o de
vencido el plazo para hacerlo.
5)
No procederá la presentación de alegatos.
6)
Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen
medidas precautorias. La apelación se concederá en relación, en efecto devolutivo,
salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en
cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo.
ARTICULO
3° — Deróganse los artículos 125bis, 126, 320, 368, 399, 416, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 y 497, del CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACION.
ARTICULO
4° — Las disposiciones de esta reforma legal entrarán en vigor a partir de los
ciento ochenta días de su publicación y serán aplicables a todos los juicios, aun los
que se encontraren pendientes a esa fecha.
La
Corte Suprema de Justicia de la Nación queda facultada para dictar las medidas
reglamentarias y todas las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las
normas y fines de esta reforma.
ARTICULO
5° — Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dictar un texto ordenado del CODIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION que contemple las normas que hayan sido
incorporadas o modificadas hasta la fecha y, asimismo contenga las adecuaciones formales o
terminológicas que resulte menester en el conjunto de su articulado.
ARTICULO
6° — Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
DADA
EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL UNO. —REGISTRADO BAJO EL N° 25.488— RAFAEL PASCUAL. —
MARIO A. LOSADA. — Roberto C. Marafioti. — Juan C. Oyarzun.