PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES
Bs.
As., 29/11/2001
VISTO el expediente Nº 128.949/01 del registro del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.326, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la mencionada Ley establece que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL deberá reglamentar la misma y establecer el órgano de control a que se refiere
su artículo 29 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación.
Que el artículo 46 de la Ley citada establece que la reglamentación fijará el
plazo dentro de la sanción de dicha Ley deberán inscribirse en el Registro a que se
refiere su artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el régimen establecido en dicha
norma.
Que el artículo 31, inciso 2, de la Ley Nº 25.326 dispone que la
reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de
sanciones, en los términos que dicha norma establece.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por
ello,
DECRETA:
Artículo 1º
— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos
Personales, que como anexo I forma parte del presente.
Art. 2º
— Establécese en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo previsto en el artículo 46 de
la Ley Nº 25.326.
Art. 3º
— Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir a las
normas de exclusiva aplicación nacional de esta reglamentación.
Art. 4º
— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
—DE LA
RUA. — Chrystian G. Colombo. — Jorge E. De La Rúa.
ARTICULO 1º.-
A los efectos de esta reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de archivos,
registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes, aquellos que
exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión o
transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o
la información producida sea a título oneroso o gratuito.
ARTICULO 2º.-
Sin reglamentar.
CAPITULO
II. PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCION DE DATOS
ARTICULO 3º.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 4º.-
Para determinar la lealtad y buena fe en la obtención de los datos personales, así como
el destino que a ellos se asigne, se deberá analizar el procedimiento efectuado para la
recolección y, en particular, la información que se haya proporcionado al titular de los
datos de acuerdo con el artículo 6º de la Ley Nº 25.326.
Cuando la obtención o recolección de los datos personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de información y el destino previsto por el responsable o usuario para los datos personales obtenidos.
El dato que hubiera perdido vigencia respecto
de los fines
para los que se hubiese obtenido o recolectado debe ser suprimido por el responsable o
usuario sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES efectuará controles de
oficio sobre el cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones
pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspondiere.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES procederá, ante el
pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada una de las
siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:
a) legalidad de la recolección o toma de información personal;
b) legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la
interrelación entre ellos;
c) legalidad en la cesión propiamente dicha;
d) legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo,
registro, base o banco de datos.
ARTICULO 5º.-
El consentimiento informado es el que está precedido de una explicación, al titular de
los datos, en forma adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que se
refiere el artículo 6º de la Ley Nº 25.326.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES establecerá los
requisitos para que el consentimiento pueda ser prestado por un medio distinto a la forma
escrita, el cual deberá asegurar la autoría e integridad de la declaración.
El consentimiento dado para el tratamiento de datos personales puede ser revocado
en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos retroactivos.
A los efectos del artículo 5º, inciso 2 e), de la Ley Nº 25.326 el concepto de
entidad financiera comprende a las personas alcanzadas por la Ley Nº 21.526 y a las
empresas emisoras de tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros, las exentidades
financieras liquidadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y los sujetos que
expresamente incluya la Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley.
No es necesario el consentimiento para la información que se describe en los
incisos a), b), c) y d) del artículo 39 de la Ley Nº 21.526.
En ningún caso se afectará el secreto bancario, quedando prohibida la
divulgación de datos relativos a operaciones pasivas que realicen las entidades
financieras con sus clientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de
la Ley Nº 21.526.
ARTICULO 6º.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 7º.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 8º.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 9º.-
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES promoverá la cooperación entre
sectores públicos y privados para la elaboración e implantación de medidas, prácticas
y procedimientos que susciten la confianza en los sistemas de información, así como en
sus modalidades de provisión y utilización.
ARTICULO 10.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 11.-
Al consentimiento para la cesión de los datos le son aplicables las disposiciones
previstas en el artículo 5º de la Ley Nº 25.326 y el artículo 5º de esta
reglamentación.
En el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por razón de sus funciones específicas estén destinadas a la difusión al público en general, el requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de interés general que motivaron el acceso público irrestricto.
La cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados
sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los
datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de
protección establecidos en la Ley Nº 25.326. No es necesario acto administrativo alguno
en los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma
irrestricta.
Se entiende por cesión masiva de datos personales la que comprende a un grupo
colectivo de personas.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES fijará los estándares
de seguridad aplicables a los mecanismos de disociación de datos.
El cesionario a que se refiere el artículo 11, inciso 4, de la Ley Nº 25.326,
podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede
imputar el hecho que ha producido el daño.
ARTICULO 12.-
La prohibición de transferir datos personales hacia países u organismos internacionales
o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados, no rige cuando el
titular de los datos hubiera consentido expresamente la cesión.
No es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos desde un
registro público que esté legalmente constituido para facilitar información al público
y que esté abierto a la consulta por el público en general o por cualquier persona que
pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular,
las condiciones legales y reglamentarias para la consulta.
Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES a evaluar,
de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las
normas de un Estado u organismo internacional. Si llegara a la conclusión de que un
Estado u organismo no protege adecuadamente a los datos personales, elevará al PODER
EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir tal declaración.
El proyecto deberá ser refrendado por los Ministros de Justicia y Derechos
Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país u organismo
internacional se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una
transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en
consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de tratamiento o de
los tratamientos previstos, el lugar de destino final, las normas de derecho, generales o
sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así como las normas
profesionales, códigos de conducta y las medidas de seguridad en vigor en dichos lugares,
o que resulten aplicables a los organismos internacionales o supranacionales.
Se entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado
de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico
vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas
contractuales que prevean la protección de datos personales.
ARTICULO 13.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 14.-
La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley Nº 25.326, no requiere
de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se puede
efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el responsable o usuario del
archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, a través de la
intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción.
También pueden ser utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta requerida.
Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos dependientes de un
organismo oficial destinados a la difusión al público en general, las condiciones para
el ejercicio del derecho de acceso podrán ser propuestas por el organismo y aprobadas por
la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar que los
procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en modo alguno las garantías propias
de ese derecho.
El derecho de acceso permitirá:
a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro,
base o banco de datos;
b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo;
c) solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales
se obtuvieron sus datos;
d) solicitar las finalidades para las que se recabaron; e) conocer el destino
previsto para los datos personales;
f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº
25.326.
Vencido el plazo para contestar fijado en el artículo 14, inciso 2 de la Ley Nº 25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los datos personales y denunciar el hecho ante la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES a los fines del control pertinente de este organismo.
En el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo
mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por documento fehaciente que
verifique el carácter de sucesor universal del interesado.
ARTICULO 15.-
El responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá contestar la
solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o no datos personales del
afectado, debiendo para ello valerse de cualquiera de los medios autorizados en el
artículo 15, inciso 3, de la Ley Nº 25.326, a opción del titular de los datos, o las
preferencias que el interesado hubiere expresamente manifestado al interponer el derecho
de acceso.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES elaborará un formulario
modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados.
Podrán ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los
siguientes:
a) visualización en pantalla;
b) informe escrito entregado en el domicilio del requerido;
c) informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente;
d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garantizada la
identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la
información;
e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración e
implantación material del archivo, registro, base o banco de datos, ofrecido por el
responsable o usuario del mismo.
ARTICULO 16.-
En las disposiciones de los artículos 16 a 22 y 38 a 43 de la Ley Nº 25.326 en que se
menciona a algunos de los derechos de rectificación, actualización, supresión y
confidencialidad, se entiende que tales normas se refieren a todos ellos.
En el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de
información suministrada por entidades financieras, administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras, de conformidad con el artículo 5º,
inciso 2, de la Ley Nº 25.326, los derechos de rectificación, actualización, supresión
y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación
jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si procediera el reclamo, la entidad
respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a la
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES o a la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, según el caso, que sean practicadas las
modificaciones necesarias en sus bases de datos. Toda modificación debe ser comunicada a
través de los mismos medios empleados para la divulgación de la información.
Los responsables o usuarios de archivos o bases de datos públicos de acceso
público irrestricto pueden cumplir la notificación a que se refiere el artículo 16,
inciso 4, de la Ley Nº 25.326 mediante la modificación de los datos realizada a través
de los mismos medios empleados para su divulgación.
ARTICULO 17.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 18.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 19.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 20.-
Sin reglamentar.
CAPITULO IV. USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS
Y BANCOS DE DATOS
ARTICULO 21.-
El registro e inscripción de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y
privados destinados a dar información, se habilitará una vez publicada esta
reglamentación en el Boletín Oficial.
Deben inscribirse los archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y
los privados a que se refiere el artículo 1º de esta reglamentación.
A los fines de la inscripción de los archivos, registros, bases y bancos de
datos con fines de publicidad, los responsables deben proceder de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de esta reglamentación.
ARTICULO 22.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 23.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 24.-
Sin reglamentar.
ARTICULO 25.-
Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán
contener los niveles de seguridad previstos en la Ley Nº 25.326, esta reglamentación y
las normas complementarias que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, como así también las obligaciones que surgen para los locatarios en orden a
la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la información obtenida.
La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un
contrato que vincule al encargado del tratamiento con el responsable o usuario del
tratamiento y que disponga, en particular:
a) que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del
responsable del tratamiento;
b) que las obligaciones del artículo 9º de la Ley Nº 25.326 incumben también
al encargado del tratamiento.
ARTICULO 26.-
A los efectos del artículo 26, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se consideran datos
relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes a los contratos
de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de créditos en
general y toda otra obligación de contenido patrimonial, así como aquellos que permitan
conocer el nivel de cumplimiento y la calificación a fin de precisar, de manera
indubitable, el contenido de la información emitida.
En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, inciso 3, de la Ley Nº 25.326 en tanto el responsable de la base de datos le comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los últimos SEIS (6) meses.
Para apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, conforme lo
establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se tendrá en cuenta toda
la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción.
En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la
última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el
deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la
deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no
operará plazo alguno para la eliminación.
A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los
datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta
la fecha precisa en que se extingue la deuda.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 5,
de la Ley Nº 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá restringir el
acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de información sobre
personas físicas, exigiendo el ingreso del número de documento nacional de identidad o
código único de identificación tributaria o laboral del titular de los datos, obtenidos
por el cesionario a través de una relación contractual o comercial previa.
ARTICULO 27.-
Podrán recopilarse, tratarse y cederse datos con fines de publicidad sin consentimiento
de su titular, cuando estén destinados a la formación de perfiles determinados, que
categoricen preferencias y comportamientos similares de las personas, siempre que los
titulares de los datos sólo se identifiquen por su pertenencia a tales grupos genéricos,
con más los datos individuales estrictamente necesarios para formular la oferta a los
destinatarios.
Las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros, junto con la Autoridad de Aplicación, implementarán, dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la publicación de esta reglamentación, un sistema de retiro o bloqueo a favor del titular del dato que quiera ser excluido de las bases de datos con fines de publicidad. El retiro podrá ser total o parcial, bloqueando exclusivamente, a requerimiento del titular, el uso de alguno o algunos de los medios de comunicación en particular, como el correo, el teléfono, el correo electrónico u otros.
En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo,
teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá
indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el
retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del
interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que
proveyó la información.
A los fines de garantizar el derecho de información del artículo 13 de la Ley
Nº 25.326, se inscribirán únicamente las cámaras, asociaciones y colegios
profesionales del sector que dispongan de un Código de Conducta homologado por la
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran
obligatoriamente todos sus miembros. Al inscribirse, las cámaras, asociaciones y colegios
profesionales deberán acompañar una nómina de sus asociados indicando nombre, apellido
y domicilio.
Los responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos con
fines de publicidad que no se encuentren adheridos a ningún Código de Conducta,
cumplirán el deber de información inscribiéndose en el Registro a que se refiere el
artículo 21 de la Ley Nº 25.326.
Los datos vinculados a la salud sólo podrán ser tratados, a fin de realizar
ofertas de bienes y servicios, cuando hubieran sido obtenidos de acuerdo con la Ley Nº
25.326 y siempre que no causen discriminación, en el contexto de una relación entre el
consumidor o usuario y los proveedores de servicios o tratamientos médicos y entidades
sin fines de lucro. Estos datos no podrán transferirse a terceros sin el consentimiento
previo, exprese informado del titular de los datos. A dicho fin, este último debe recibir
una noticia clara del carácter sensible de los datos que proporciona y de que no está
obligado a suministrarlos, junto con la información de los artículos 6º y 11, inciso 1,
de la Ley Nº 25.326 y la mención de su derecho a solicitar el retiro de la base de
datos.
ARTICULO 28.-
Los archivos, registros, bases o bancos de datos mencionados en el artículo 28 de la Ley
Nº 25.326 son responsables y pasibles de las multas previstas en el artículo 31 de la
ley citada cuando infrinjan sus disposiciones.
CAPITULO
V. CONTROL
ARTICULO 29.
1. Créase la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el ámbito de la
SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, como órgano de control de la Ley Nº 25.326.
El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus funciones
con plena independencia y no estará sujeto a instrucciones.
2. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se integrará con un
Director Nacional, Nivel “A” con Función Ejecutiva I, designado por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, por el plazo de CUATRO (4) años, debiendo ser seleccionado entre
personas con antecedentes en la materia, a cuyo fin facúltase al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, o a quien lo sustituya en sus funciones, a efectuar la designación
correspondiente, como excepción a lo dispuesto por el ANEXO I del Decreto Nº 993/91 y
sus modificatorios.
La Dirección contará con el personal jerárquico y administrativo que designe
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos aprovechando los recursos humanos existentes en
la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. El personal estará obligado a guardar secreto
respecto de los datos de carácter personal de los que tome conocimiento en el desarrollo
de sus funciones.
En el plazo de TREINTA (30) días hábiles posteriores a la asunción de su
cargo, el Director Nacional presentará un proyecto de estructura organizativa y
reglamentación interna, para su aprobación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y
publicación en el Boletín Oficial.
3. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES se financiará a
través de:
a) lo que recaude en concepto de tasas por los servicios que preste;
b) el producido de las multas previstas en el artículo 31 de la Ley Nº 25.326;
c) las asignaciones presupuestarias que se incluyan en la Ley de Presupuesto de
la Administración Nacional a partir del año 2002.
Transitoriamente, desde la entrada en vigencia de la presente reglamentación y hasta el 31 de diciembre de 2001, el costo de la estructura será afrontado con el crédito presupuestario correspondiente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el año 2001, sin perjuicio de lo dispuesto en los subincisos a) y b) del párrafo anterior.
4. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES contará con un
Consejo Consultivo, que se desempeñará “ad honorem”, encargado de asesorar al
Director Nacional en los asuntos de importancia, integrado por:
a) un representante del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
b) un magistrado del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL con especialidad en la materia;
c) un representante de los archivos
privados destinados a dar información designado por la Cámara que agrupe a las entidades
nacionales de información crediticia;
d) un representante de la FEDERACION DE ENTIDADES EMPRESARIAS DE INFORMACIONES
COMERCIALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA; e) un representante del BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA;
f) un representante de las empresas dedicadas al objeto previsto en el artículo
27 de la Ley Nº 25.326, designado por las Cámaras respectivas de común acuerdo,
unificando en una persona la representación;
g) un representante del CONSEJO FEDERAL DEL CONSUMO;
h) un representante del IRAM, Instituto Argentino de Normalización, con
especialización en el campo de la seguridad informática;
i)
un
representante de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION;
j) un representante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y
Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Invítase a las entidades mencionadas en el presente inciso a que designen los
representantes que integrarán el Consejo Consultivo.
5. Son funciones de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, además de las que surgen de la Ley Nº 25.326:
a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites
registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos
relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o
bancos de datos públicos y privados;
b) atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de
datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326;
c) percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y otros que
preste;
d) organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro
de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y privados previsto en el
artículo 21 de la Ley Nº 25.326;
e) diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos
personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación;
f) homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a lo
establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo
Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento
de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que
elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector
mediante la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.
ARTICULO 30.-
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES alentará la elaboración de
códigos de conducta destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada
sector, a la correcta aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por la Ley Nº
25.326 y esta reglamentación.
Las asociaciones de profesionales y las demás organizaciones representantes de otras categorías de responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados, que hayan elaborado proyectos de códigos éticos, o que tengan la intención de modificar o prorrogar códigos nacionales existentes, podrán someterlos a consideración de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.
CAPITULO
VI. SANCIONES
ARTICULO 31.
1. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31 de la Ley Nº 25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.
La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los
derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios
obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios
causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea
relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la
concreta actuación infractora.Se considerará reincidente a quien habiendo sido
sancionado por una infracción a la Ley Nº 25.326 o sus reglamentaciones incurriera en
otra de similar naturaleza dentro del término de TRES (3) años, a contar desde la
aplicación de la sanción.
2. El producido de las multas a que se refiere el artículo 31 de la Ley Nº
25.326 se aplicará al financiamiento de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.
3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones:
a) La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley Nº 25.326
y sus normas reglamentarias, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés
particular, del Defensor del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o
usuarios.
b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al
presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, presente por
escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación
técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que
resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción
verificada, intimándolo para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por
escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir
domicilio y acreditar personería.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así
como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de
los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resultaren desvirtuados por otras
pruebas.
c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y
siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue
medidas de prueba sólo se concederá recurso de reconsideración. La prueba deberá
producirse dentro del término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya
causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho
plazo por causa imputable al infractor.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.
ARTICULO 32.-
Sin reglamentar.
ARTICULOS 33 a
46.- Sin reglamentar.