Biblioteca del Tribunal Superior de
Justicia
Decreto 1406/01
VISTO la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario desarrollar nuevos métodos de creación de empleo,
fomentando a la vez, la participación de los trabajadores en la empresa y el dinamismo de
dichas relaciones, de acuerdo con el mandato recogido por el artículo 14 bis de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que dicha intención debe plasmarse, a través de figuras asociativas
específicas que permitan otorgar una cobertura jurídica sin desvirtuar la
verdadera naturaleza de las relaciones laborales, es decir la preservación de las
relaciones laborales de carácter dependiente.
Que debe establecerse y asegurarse que la mayoría del capital social pertenezca
al conjunto de los socios trabajadores de forma tal, que se impida —en todo
momento— la utilización de la figura de la sociedad laboral con fines distintos a
los que realmente motivan su creación.
Que asimismo, corresponde determinar los límites a las tenencias de capital y
trasmisión de los derechos de posesión inter vivos o mortis causa.
Que en línea con los criterios que dan origen a su creación corresponde
establecer un régimen de prestaciones sociales adecuando a las especiales
características de las sociedades laborales y consecuentemente a las relaciones que en su
seno se mantienen.
Que las medidas de necesidad y urgencia que se implementan por el presente
cuadran en los límites y las facultades establecidas en la CONSTITUCION NACIONAL en tanto
no quedan incluidas materias de orden tributario o penal expresamente excluidas.
Que la grave situación social derivada del marco económico actual hace
necesario y de extrema urgencia arbitrar medidas tendientes a la ampliación de la
cobertura para los ciudadanos de bajos ingresos que se encuentren en situación de
informalidad laboral o formalidad esporádica que, precisamente, requieren de prioritaria
atención y de incentivos para su incorporación a los procesos económicos y a la
cobertura social, todo en un marco de racionalidad, eficiencia y eficacia del gasto
público.
Que resulta imperiosa la adopción de la medida de que se trata por configurar
una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99
inciso 3 de LA CONSTITUCION NACIONAL.
Por
ello,
EL
PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN
ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
TITULO I.
CREACION
Artículo 1º
— Definición de Sociedad Laboral. Se entenderá por Sociedad Laboral a aquella
sociedad de cualquier tipo, en la que la mayoría del capital social sea de propiedad de
los trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa y
cuya relación laboral se establezca por tiempo indeterminado. Podrán obtener la
calificación de Sociedad Laboral aquellas personas jurídicas en las que el número de
horas trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo determinado o indeterminado
que no revistan la calidad de socios, no superen el QUINCE POR CIENTO (15%) del total de
las horas año trabajadas por los socios.
La Sociedad Laboral no podrá contar con menos de TRES (3) socios. Si la sociedad estuviere constituida por menos de VEINTICINCO (25) socios trabajadores, el porcentaje expresado en el párrafo anterior no podrá ser superior al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Para el cálculo de estos porcentajes se tomarán en cuenta los trabajadores contratados por tiempo determinado e indeterminado.
Si fueran superados los límites previstos en el párrafo anterior, la sociedad
en el plazo máximo de TRES (3) años habrá de alcanzarlos, reduciendo, como mínimo,
cada año una tercera parte del porcentaje en que inicialmente se exceda o supere el
máximo legal.
Cuando se superen los límites antes previstos deberá comunicárselo al Registro
Administrativo de Sociedades Laborales, para su autorización por el órgano del que
dependa, según las condiciones y requisitos que se establecerán en el reglamento
previsto en el artículo 24 del presente decreto.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas reglamentarias a fin de efectuar
las modificaciones a los porcentajes del presente artículo adecuándolos a situaciones de
emergencia o particularidades regionales.
TITULO II.
AUTORIDAD DE APLICACION
Art. 2º
— Competencia administrativa. Corresponde al MlNISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS el otorgamiento de la calificación de “Sociedad
Laboral”, así como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente.
La calificación se otorgará previa solicitud de la sociedad, la que
acompañará la documentación que se determine reglamentariamente.
Las sociedades de nueva constitución aportarán copia autenticada de la
correspondiente escritura, según la forma que ostente, en la que conste expresamente la
voluntad de los otorgantes de fundar una Sociedad Laboral; y si la sociedad es
preexistente, copia de la escritura de constitución y, en su caso, de las relativas a
modificaciones de Estatutos, debidamente inscritas en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA,
así como la certificación del Registro Administrativo de Sociedades Labores sobre los
asientos vigentes relativos a la misma.
Art. 3º
— Denominación social. En la denominación de la sociedad deberá figurar la
indicación “Sociedad Laboral” a continuación de la identificación de tipo
social elegido o su abreviatura, “SL”, según proceda. ,
El adjetivo “laboral” no podrá ser incluido en su denominación por
sociedades que no hayan obtenido la calificación de “Sociedad Laboral”
La denominación de sociedad laboral se hará constar en toda su documentación, correspondencia o documentación comercial, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria.
Art. 4º
— Registro Administrativo de Sociedades Laborales. Créase en el MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS un Registro Administrativo de Sociedades
Laborales, en el que se harán constar los actos que se determinen en el presente.
La sociedad laboral gozará de personalidad jurídica desde su inscripción en la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Para la inscripción en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
con la calificación de laboral deberá aportarse el certificado que acredite que dicha
sociedad ha sido calificada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS como tal e inscripta en el Registro Administrativo a que se refiere el párrafo
anterior.
La constancia en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA del carácter laboral de una
sociedad se hará mediante anotación marginal, en la forma y plazos que se establezcan
reglamentariamente, con notificación al Registro Administrativo de Sociedades laborales.
La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA no practicará ninguna inscripción de
modificación de estatutos de una sociedad laboral que afecte la composición del capital
social o el cambio de domicilio fuera del término municipal, sin que se aporte por la
misma certificado del Registro Administrativo de Sociedades Laborales que acredite que
dichas modificaciones no afectan a la calificación de la sociedad como laboral.
Art. 5º
— La obtención de la calificación como laboral por una sociedad preexistente no se
considerará transformación social ni estará sometida a las normas aplicables a la
transformación de sociedades.
Art. 6º
— La sociedad laboral deberá comunicar, periódicamente, al Registro Administrativo
las transmisiones de acciones o participaciones mediante certificación del libro-registro
de acciones nominativas o del libro de socios.
Art. 7º
— Capital social y socios. El capital social estará dividido en acciones nominativas
y/o en participaciones sociales. No será válida la creación de acciones o
participaciones de clase laboral privadas del derecho de voto.
Ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que
representen más de la tercera parte del capital social.
En caso de violación de los límites que se indican, la sociedad estará
obligada a ajustar a la ley la situación de sus socios respecto al capital social en el
plazo de UN (1) año, a contar del primer incumplimiento de cualquiera de aquellos, bajo
apercibimiento de perder los beneficios que por la naturaleza societaria gozase.
Art. 8º
— Clases de acciones y de participaciones. Las acciones y participaciones de las
sociedades laborales se dividirán en DOS (2) clases, las que sean propiedad de los socios
trabajadores y las restantes. La primera clase se denominará clase laboral y la segunda
clase general.
Tanto las acciones como las participaciones estarán representadas necesariamente
por medio de títulos o certificados, numerados correlativamente, en los que, además de
las menciones exigidas con carácter general, se indicará la clase a la que pertenezcan.
Los trabajadores, socios o no, con contrato por tiempo indeterminado que
adquieran por cualquier título acciones o participaciones sociales, pertenecientes a la
clase general tienen derecho a exigir de la sociedad la inclusión de las mismas en la
clase laboral, siempre que se acrediten a tal efecto las condiciones que la ley exige.
Los administradores procederán a formalizar tal cambio de clase y modificar el
artículo o artículos de los estatutos pertinentes, otorgando la correspondiente
escritura pública que se inscribirá en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
TITULO lII. DE
LOS REQUISITOS Y CONDICIONES
Art. 9º
— Derecho de trasmisión y adquisición preferente en caso de trasmisión voluntaria
“Inter vivos”. Los titulares de acciones o de participaciones sociales
pertenecientes a la clase laboral no podrán trasmitir en conjunto más que UN TERCIO
(1/3) de su participación social en el período del año calendario anterior a la
operación de que se trate. En el caso de sociedades laborales integradas por el mínimo
previsto en el artículo 1º en su segundo párrafo, la trasmisión total de las acciones
o participaciones de uno de los socios, inhibe a los restantes de los derechos de
trasmisión respecto de su participación social. El socio que se proponga trasmitir la
totalidad o parte de dichas acciones o participaciones a persona que no ostente la
condición de trabajador de la sociedad con contrato por tiempo indeterminado deberá
comunicarlo por escrito al órgano de administración de la sociedad de modo que asegure
su recepción, haciendo constar el número y características de las acciones o
participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás
condiciones de la transmisión.
El órgano de administración de la sociedad notificará dicha circunstancia a
los trabajadores no socios con contrato indeterminado dentro del plazo de QUINCE (15)
días, a contar desde la fecha de recepción de la comunicación.
Los trabajadores contratados por tiempo indeterminado que no sean socios, podrán
adquirirlas dentro del mes siguiente a la notificación.
En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente a que se
refiere el apartado anterior, el órgano de administración de la sociedad notificará la
propuesta de transmisión a los trabajadores socios, los cuales podrán optar por la
compra dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la recepción de la notificación.
En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente por los
trabajadores socios, el órgano de administración de la sociedad notificará la propuesta
de transmisión a los titulares de acciones o participaciones de la clase general por el
mismo plazo que en el párrafo anterior, y en caso de no aceptación, al resto de los
trabajadores sin contrato de trabajo por tiempo indeterminado, los cuales podrán optar
por la compra dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la recepción de las
notificaciones.
Cuando sean varias las personas que ejerciten el derecho de adquisición
preferente a que se refieren los párrafos anteriores, las acciones o participaciones
sociales se distribuirán entre todos ellos por igual, teniendo en cuenta los límites
establecidos.
Transcurridos los plazos de la comunicación del propósito de transmisión por
el socio sin que nadie hubiera ejercitado sus derechos de adquisición preferente,
quedará libre aquél para transmitir las acciones o participaciones de su titularidad,
respetando los límites establecidos. Si el socio no procediera a la transmisión de las
mismas en el plazo de CUATRO (4) meses, deberá iniciar de nuevo los trámites regulados
en el presente régimen.
Art. 10.
— Valor real. El precio de las acciones o participaciones, la forma de pago y demás
condiciones de la operación serán las convenidas y comunicadas al órgano de
administración por el socio trasmitente de conformidad a las reglas de la Ley Nº 19.550.
Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa
o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las
partes o, en su defecto, el valor real de las mismas el día en que se hubiese comunicado
al órgano de administración de la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá
por valor real el que determine el auditor de cuentas de la sociedad, y si ésta no
estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, un auditor designado a este
efecto por los administradores.
Los gastos del auditor serán a cuenta de la sociedad. El valor real que se fije
será válido para todas las enajenaciones que tengan lugar dentro de cada ejercicio
anual. Si en las enajenaciones siguientes durante el mismo ejercicio anual el trasmitente
o adquirente no aceptasen tal valor real se podrá practicar nueva valoración a su costa.
Art. 11.
— Nulidad de cláusulas estatutarias. No serán válidas las cláusulas estatutarias
que establezcan alteraciones al orden de preferencia para la transmisión voluntaria de
acciones y/o participaciones, o que alienten mecanismos de concentración de las mismas.
Los estatutos podrán impedir la transmisión voluntaria de las acciones o
participaciones por actos “inter vivos” o el ejercicio del derecho de
separación, durante un período de tiempo no superior a CINCO (5) años a contar desde la
constitución de la sociedad, o para las acciones o participaciones procedentes de una
ampliación de capital, desde el otorgamiento de la escritura pública de su ejecución.
Art. 12.
— Extinción de la relación laboral. En caso de extinción de la relación laboral
del socio trabajador, éste habrá de ofrecer la adquisición de sus acciones o
participaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 9º, y si nadie ejercita su
derecho de adquisición, conservará aquél la calidad de socio de clase general, conforme
el artículo 8°.
Habiendo quienes deseen adquirir tales acciones o participaciones sociales, si el
socio que, extinguida su relación laboral y requerido notarialmente para ello no procede,
en el plazo de UN (1) mes, a formalizar la venta, podrá ser ésta otorgada por el órgano
de administración y por el valor real, calculado en la forma prevista en el artículo 10,
que se consignará a disposición de aquél, bien judicialmente o en el Banco de la
Nación Argentina.
Art. 13.
—Transmisión “mortis causa” de accioneso participaciones. La adquisición
de alguna acción o participación social por sucesión hereditaria confiere al
adquirente, ya sea heredero o legatario del fallecido, la condición de socio.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los estatutos sociales, en caso
de muerte del socio trabajador, podrán reconocer un derecho de adquisición preferente
sobre las acciones o participaciones de clase laboral, por el procedimiento previsto en el
artículo 9º, el cual se ejercitará por el valor real que tales acciones o
participaciones tuvieren el día del fallecimiento del socio, y que se pagará al contado,
de ejercitarse este derecho en el plazo máximo de CUATRO (4) meses, a contar desde la
comunicación de dicho acto a la sociedad.
No podrá ejercitarse el derecho estatutario de adquisición preferente si el
heredero o legatario fuera trabajador de la sociedad con contrato de trabajo por tiempo
indeterminado.
Art. 14.
— Organo de administración. Si la sociedad estuviera administrada por un directorio,
el nombramiento de los miembros de dicho directorio se efectuará necesariamente por el
sistema de designación contemplado en el artículo 255 de la Ley de Sociedades
Comerciales.
Si no existen más que acciones o participaciones de clase laboral, los miembros
del Consejo de Administración podrán ser nombrados por el sistema de mayorías.
Art. 15.
— Impugnación de acuerdos sociales. Podrán ser impugnados los acuerdos de las
Juntas de socios que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en
beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la sociedad.
Si el acuerdo impugnado afectase a la composición del capital o al cambio de
domicilio fuera del término municipal, el Juez que conozca del procedimiento pondrá en
conocimiento del Registro Administrativo de Sociedades Laborales la existencia de la
demanda y las causas de impugnación, así como la sentencia que haga lugar o rechace la
demanda.
Art. 16.
— Reserva especial. Además de las reservas legales o estatutarias que procedan
de acuerdo con el tipo social elegido, las sociedades laborales están obligadas a
constituir un Fondo Especial de Reserva, que se dotará con el DIEZ POR CIENTO (10%) del
beneficio líquido de cada ejercicio.
El Fondo Especial de Reserva sólo podrá destinarse a la compensación de
pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este
fin.
Art. 17.
— Derecho de suscripción preferente. En toda ampliación de capital con emisión de
nuevas acciones o con creación de nuevas participaciones sociales, deberá respetarse la
proporción existente entre las pertenecientes a las distintas clases con que cuenta la
sociedad.
Los titulares de acciones o de participaciones pertenecientes a cada una de las
clases, tienen derechos de preferencia para suscribir o asumir las nuevas acciones o
participaciones sociales pertenecientes a la clase respectiva.
Salvo acuerdo del órgano societario correspondiente que adopte el aumento del
capital social, las acciones o participaciones no suscritas o asumidas por los socios de
la clase respectiva se ofrecerán a los trabajadores, sean o no socios, en la forma
prevista en el artículo 8º.
La exclusión del derecho de suscripción preferente se regirá por la ley
respectiva, según el tipo social, pero cuando la exclusión afecte a las acciones o
participaciones de la clase laboral la prima será fijada libremente por la Junta General
siempre que la misma apruebe un plan de adquisición de acciones o participaciones por los
trabajadores de la sociedad y que las nuevas acciones o participaciones se destinen al
cumplimiento del plan e imponga la prohibición de enajenación en un plazo de CINCO (5)
años.
Art. 18.
— Pérdida de la calificación. Serán causas legales de pérdida de la calificación
como Sociedad Laboral las siguientes:
1) Cuando se excedieran los límites establecidos en los artículos 1º, 7º, segundo párrafo y 9º, primer párrafo.
2) La falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación indebida del
Fondo Especial de Reserva.
Verificada la existencia de causa legal de pérdida de la calificación, el
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y cumplidos, en su caso, los
plazos previstos en este Decreto para que desaparezca, requerirá a la sociedad para que
elimine la causa en plazo no superior a SEIS (6) meses.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, si la sociedad no
hubiera eliminado la causa legal de pérdida de la calificación, el MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dictará resolución acordando la
descalificación de la sociedad como sociedad laboral y ordenando su baja en el Registro
Administrativo de Sociedades Laborales. Efectuado el correspondiente asiento, se remitirá
certificación de la resolución y de la baja a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA para la
práctica de nota marginal en el registro abierto de la sociedad.
La descalificación efectuada dentro de los CINCO (5) años desde su
constitución o transformación conllevará para la Sociedad Laboral la pérdida de los
beneficios tributarios. El correspondiente procedimiento se ajustará a lo que se disponga
en la normativa a que se hace referencia en el artículo 23 del presente Decreto.
TITULO IV.
DISOLUCION
Art. 19.
— Disolución de la sociedad. Las sociedades laborales se disolverán por las causas
establecidas en las normas correspondientes a las sociedades comerciales, según la forma
que ostenten.
Los estatutos sociales podrán establecer como causa de disolución la pérdida
de la condición de laboral por la sociedad.
Art. 20.
— Traslado de domicilio. Las sociedades laborales que trasladen su domicilio al
ámbito de actuación de otro Registro Administrativo, pasarán a depender del nuevo
Registro competente por razón del territorio.
Sin embargo, el Registro de origen mantendrá competencia para el conocimiento y
resolución de los expedientes de descalificación que se encuentren incoados en el
momento del citado traslado de domicilio.
TITULO V.
REGIMEN ESPECIAL.
Art. 21.
— Régimen especial. El PODER EJECUTIVO NACIONAL en el plazo de SESENTA (60) días,
establecerá los beneficios de distinta naturaleza destinados a alentar la constitución y
funcionamiento de estas sociedades.
Este régimen se establecerá por un período máximo de CINCO (5) años a partir
de la inscripción de la sociedad en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, con el carácter y
denominación de “Sociedad Laboral”, al amparo del presente Decreto.
Art. 22.
— Extensión. La reglamentación indicada en el artículo anterior establecerá las
condiciones por las que las sociedades laborales, vencido el plazo de cinco años, podrán
obtener la extensión de los beneficios por períodos anuales, hasta un máximo de cinco
años.
TITULO VI.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
Art. 23.
— Aplicación supletoria. Serán de aplicación supletoria a las sociedades laborales
las normas correspondientes a las sociedades comerciales, según la forma que ostenten.
Art. 24.
— Reglamentación del Registro Administrativo de Sociedades Laborales. El PODER
EJECUTIVO Nacional procederá a aprobar en un plazo no superior a TRES (3) meses a partir
de la publicación de este Decreto, el funcionamiento, competencia y coordinación del
Registro Administrativo de Sociedades Laborales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Art. 25.
— Entrada en vigencia. Las disposiciones de la presente norma entrarán en vigencia a
partir del primer día del tercer mes posterior al de la publicación del presente
Decreto.
Art. 26.
— Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 27.
— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Domingo F. Cavallo.
— Ramón B. Mestre. — José H. Jaunarena. — Carlos M. Bastos. —
Hernán S. Lombardi. — Patricia Bullrich. — José G. Dumón. — Héctor J.
Lombardo. — Adalberto Rodríguez Giavarini. — Andrés G. Delich.